MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, señaló este lunes que en el caso de las pymes «que formen parte de la cadena de suministro de una gran empresa obligada a elaborar informes de información no financiera», se debería respetar «la materialidad, obligándolas a reportar solo sobre aquellos aspectos que realmente sean relevantes, y no añadir trámites burocráticos innecesarios que supongan una carga».

Así lo indicó durante tras la jornada organizada por el CGE en el marco de los ‘Encuentros sobre sostenibilidad’ que buscan analizar aspectos económicos relacionados con la sostenibilidad.

La jornada coincide con el trámite concluido de audiencia pública del anteproyecto de ley por el que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) por la que se traspondrá la nueva directiva europea sobre sostenibilidad al ordenamiento jurídico español.

En este sentido, detalló que en la norma «las pymes no están dentro de los sujetos obligados por la directiva, salvo las cotizadas» pero aquellas que sean parte de la cadena de valor de una empresa grande obligada «sí se verán afectadas de forma indirecta por estos nuevos estándares, ya que la directiva establece que la información sobre sostenibilidad de las compañías obligadas debe incluir los datos correspondientes a sus integrantes de la denominada cadena de valor».

A este respecto, reclamó que el proyecto de ley «contemple una aplicación proporcional de la norma para este tipo de pymes, al objeto de que solo tengan que reportar a las empresas para las que trabajan sobre aquellos aspectos en materia de sostenibilidad que sean realmente relevantes». «

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Pich indicó que esta cuestión coincide con el «sentir de las organizaciones empresariales», lo que pone de manifiesto que «las empresas cotizadas son conscientes del impacto de solicitar la información de sostenibilidad a todo el espectro de su cadena de suministro, independientemente de su materialidad o relevancia, particularmente en aquellos proveedores de menor tamaño».

En cualquier caso, recordó que «el 66% de las empresas del Ibex-35 evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales y el 71% en base a criterios ambientales» y que «el 64% de los consumidores españoles tiene casi siempre en cuenta en sus compras la sostenibilidad», por lo que «la elaboración de informes de sostenibilidad, de forma voluntaria, por parte de las pymes, aumentará su competitividad, especialmente para las pymes que quieran optar a suministrar a empresas de mayor dimensión u otros negocios dentro de su área sectorial».

DEBATE

En la presentación también intervinieron el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, el presidente del Consejo de Información en Materia de Sostenibilidad del Efrag, Patrick de Cambourg, el director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín y, en un coloquio, la subdirectora general de Normas Técnicas de Auditoría del ICAC, Ana Manzano; el presidente de Economistas Contables, Francisco Gracia y el presidente de Economistas Auditores, Emilio Álvarez.

Marín insistió en que «podría darse la paradoja que aquello que puede hacer más competitivo a una pyme o más eficiente y útil a una fundación y asociación, que es sin duda el aplicar los criterios ESG, se convierta en el momento de su información en una traba adicional imposible de aplicar y desarrollar que los lleve a la pérdida de competitividad y a una situación insostenible en el corto plazo».

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