MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) manifestó este martes su «satisfacción» ante el «avance significativo» en cuanto a la resolución de sus reivindicaciones, que supone la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero.

El nuevo anteproyecto de ley es uno de los desarrollos legislativos que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se comprometió a completar y aprobar incluyendo las medidas que la PMP ha venido reclamando respecto a la brecha digital y la exclusión financiera que afectan a las personas mayores.

La norma supondrá la creación de la autoridad que se encargará de resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la atención y la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.

El acceso a dicha autoridad será gratuito para los usuarios y podrán acceder a él de manera presencial o por medios electrónicos sin necesidad de abogado ni procurador.

«En completa sintonía» con las reivindicaciones de la PMP, según expresó la plataforma, la nueva norma incluirá un cuadro de sanciones, por lo que las entidades que incumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas con una multa.

Además, la nueva figura del defensor financiero viene a unificar los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.

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Así, en el ámbito de esta autoridad estarán incluidos no solo los productos bancarios, sino también los de seguros, los del mercado de valores o los nuevos productos financieros complejos como los criptoactivos.

El nuevo anteproyecto de ley se someterá a audiencia pública durante cinco semanas para después aprobar el Consejo de Ministros el proyecto de ley que previsiblemente se adoptará en la segunda mitad de 2022, y pasar al trámite parlamentario.