El Gobierno no podrá cumplir con su voluntad de aprobar la Ley de Vivienda antes de que finalice el año y tendrá que esperar a 2022 para remitir el texto al Congreso, ya que la norma aún está pendiente de recibir el informe preceptivo del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), que se demorará como mínimo hasta finales de enero.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya admitieron la semana pasada que las probabilidades de que la Ley de Vivienda se aprobase en el Consejo de Ministros de este martes eran “muy escasas”. Ahora, reconocen que los ministros no debatirán mañana la norma, aunque descartan dar nuevas fechas.

La segunda lectura de la Ley de Vivienda en el seno del Consejo de Ministros está pendiente del informe preceptivo del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), que no pudo analizar el texto en su último pleno por su complejidad y amplitud.

Según adelantó Servimedia, el CGPJ sopesa estudiar la Ley de Vivienda en el Pleno previsto para el próximo 27 de enero, una fecha que no coincide con la aspiración inicial de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que pretendía que el Consejo de Ministros diese luz verde a la Ley de Vivienda en los últimos días de 2021. Sin embargo, tampoco está garantizado que el informe se emita en enero.

En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por Servimedia apuntaron que el CGPJ afronta una carga de trabajo importante por la gran cantidad de reformas legislativas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para las que se ha solicitado informe urgente, entre ellas la Ley Concursal o las últimas modificaciones del Código Penal.

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Estas mismas fuentes también subrayaron que los tiempos del CGPJ no son los mismos que los de la política y que, por mucha prisa que el Ejecutivo tenga en sacar adelante esta norma, el texto debe ser analizado minuciosamente antes de emitir un informe riguroso.

Ante el retraso de la aprobación de la Ley de Vivienda, desde el Ministerio de Transportes hicieron hincapié en que se trata de una cuestión administrativa y que el contenido de la ley “está cerrado y no hay conflicto político”.

Asimismo, resaltaron que la demora de se trata de una cuestión “estética”, ya que la ley tendrá efecto retroactivo. Es decir, aunque el informe del CGPJ se demorase más allá del 1 de enero, todas las medidas recogidas en la ley tendrán aplicación desde el primer día de 2022, siempre y cuando se recoja así en el texto.

(SERVIMEDIA)