– Prevé recaudar «como mínimo» más de 2.900 millones para el cierre del año, el 97% del objetivo
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Agencia Tributaria ingresó un total de 1.454,5 millones de euros por el pago anticipado del 50% de los nuevos gravámenes temporales que las entidades bancarias y grandes corporaciones pagaron en febrero.
Así lo avanzó este martes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde dio cuenta del informe preliminar de evaluación de ambos gravámenes un día después de que finalizase el plazo para que las entidades bancarias y las grandes corporaciones energéticas satisficiesen la mitad del importe que les corresponde abonar por estas figuras tributarias.
En concreto, la banca adelantó 637,1 millones de euros, mientras que las energéticas tuvieron que hacer frente a 817,4 millones de euros. En conjunto, sumaron 1.454,5 millones, lo que eleva por encima de los 2.900 millones la recaudación anual estimada en base a este pago anticipado.
Montero aseguró que estas cifras ponen de manifiesto que el fisco recaudará «como mínimo» el 97% del objetivo marcado en el informe económico de la ley, lo que se traduce en cifras «muy positivas» para el Estado. La recaudación definitiva de estos impuestos se conocerá a partir del 20 de septiembre, fecha en las que las empresas afectadas deberán pagar la autoliquidación de estos gravámenes.
Cabe recordar que la pretensión del Ejecutivo es recaudar en torno a 1.500 millones con el impuesto a la banca y hasta 2.000 millones con el de las energéticas. No obstante, estas cifras son laxas, ya que la cifra total que quiere ingresar el Gobierno con ambos gravámenes es de 3.000 millones para financiar algunas de las medidas sociales aprobadas hasta ahora.
BENEFICIOS «INÉDITOS»
En concreto, todas las entidades financieras que cerrasen 2019 con más de 800 millones de euros en su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) y sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) deben pagar el 4,8% de los ingresos satisfechos por ese concepto a través del modelo 798. Entre ellas, se encuentran bancos como el Santander, CaixaBank o BBVA.
En el caso de las energéticas, tienen la obligación de pagar el nuevo tributo aquellas compañías que registrasen una cifra de negocio por encima de los 1.000 millones de euros en 2019. Ese concepto se gravará con un 1,2% y se presentará a través del modelo 796. Iberdrola, Endesa o Naturgy son algunas de las compañías que han tenido que afrontar esta obligación de pago.
Montero hizo un esfuerzo durante su discurso en subrayar que estos dos impuestos se aprobaron «en coherencia» con la apuesta del Gobierno por la justicia fiscal y por proteger a los colectivos más vulnerables. Tras hacer un repaso de las medidas aprobadas hasta ahora para hacer frente a la crisis económica actual, insistió en que estos impuestos «no son fruto de una improvisación coyuntural», sino que forman parte de su modelo tributario.
RESCATE DE 2012
Con este preludio, quiso justificar la necesidad de estos gravámenes haciendo repaso de los resultados «inéditos» de la banca y las energéticas. Apuntó que las grandes entidades financieras españolas acumularon más de 20.500 millones de euros en beneficios en 2022, mientras que las compañías energéticas incrementaron en un 43% sus ganancias hasta rozar los 12.000 millones de euros, con muchas de ellas pendientes de presentar las cuentas de resultados del último trimestre, lo que elevará el importe gravado, y por tanto, la recaudación.
Para Montero, los 1.454,5 millones que estas compañías han pagado al fisco suponen «una cantidad bastante asumible ante el volumen de beneficios» registrado en 2022 y rechazó que, «bajo ningún concepto», se pueda considerar estos impuestos como «confiscatorios», ya que son «proporcionales».
«Ambos sectores cuentan con el apoyo de forma clara por parte del Gobierno. Pero lo único que le pedimos es que, ante beneficios históricos, hagan un pequeño esfuerzo y contribuyan para ayudar a los ciudadanos de su país en un contexto de incertidumbre. Igual que tuvimos que asumir en su día un elevado coste para sanear el sistema financiero con un rescate de miles de millones de euros, toca ahora a las entidades financieras a arrimar el hombro para que haya un mayor y mejor reparto de la crisis», declaró en referencia al rescate de la banca en 2012, cuando el Estado inyectó más de 50.000 millones.
BATALLA JUDICIAL
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará que estos sectores cumplan con estas nuevas obligaciones tributarias. De no hacerlo, cometerán una infracción «muy grave» que se traducirá en una multa económica del 150% sobre el importe repercutido.
No obstante, prácticamente la totalidad de las compañías han apostado por abonarlo, pero también por judicializar la causa. Este pasado miércoles, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) interpusieron sendos recursos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden ministerial que regula los modelos de pago del impuesto a la banca. Por su parte, la Asociación Española de Empresas de Energía (Aelec) –que representa a Iberdrola y Endesa– comunicó un día más tarde la misma decisión.
Las patronales consideran que los nuevos tributos son «discriminatorios e injustificados» y consideran que hay «suficiente base jurídica» como para ganar en los tribunales. Sin embargo, han apostado por efectuar los pagos anticipados para cubrirse las espaldas de cara al futuro. Por el momento, la Audiencia Nacional ha rechazado tomar medidas cautelares.
En este contexto, Montero quiso recordar que la propia Comisión Europea ha propuesto gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca.