MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado sus propuestas al Anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social que modifica parcialmente las tres principales leyes relativas a la economía social en España: la Ley de Cooperativas, la de Empresas de Inserción y la de Economía Social.
En su informe la CNMC señala que los poderes públicos, en ocasiones, plantean medidas para apoyar las empresas de economía social porque su presencia en los mercados es inferior a lo socialmente deseable.
En consecuencia, pide que estas medidas respeten la normativa de ayudas de Estado, la de servicios de interés económico general y la de contratación pública para no distorsionar los mercados.
Sobre las modificaciones en la Ley de Cooperativas, recomienda recoger expresamente que los acuerdos inter cooperativos deben adecuarse a la normativa de competencia y sustituir la obligación de establecer un domicilio social en España por la acreditación de la actividad económica.
Asimismo, sugiere también replantear la ampliación del tiempo mínimo de permanencia de los socios de determinadas cooperativas.
En cuanto a las novedades en la Ley de empresas de inserción, pide replantear que para obtener la condición de empresa de promoción de empresas de inserción se exija un año de experiencia, y la necesidad de acreditarse como empresa de inserción en los distintos registros autonómicos donde abran centros de trabajo.
Por otro lado, en relación con la adecuación a la normativa de ayudas de Estado y servicios de interés económico general (SIEG), demanda adoptar una perspectiva objetiva y no subjetiva en su definición, identificando las obligaciones de servicio público que conlleva para los operadores la calificación como SIEG de los servicios que prestan.
En paralelo, demanda adecuar el proyecto a las exigencias de la Unión Europea en materia de SIEG y ayudas de Estado para que pueda funcionar la exención automática de notificación a la Comisión Europea como posible ayuda de Estado. Sin perjuicio de otras vías, como la normativa de ayudas de mínimos, que no se han recogido en el texto.
Por último, sobre las modificaciones en materia de contratación pública, recuerda que incluir criterios sociales en los contratos públicos debe ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además, recomienda introducir mejoras respecto al régimen de reservas de licitaciones públicas a determinado perfil de operadores. Particularmente, solicita la justificación de los incrementos de los porcentajes mínimos de reserva establecidos y medir su impacto en el mercado.