MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) manifestó este martes que no es una «buena idea» introducir impuestos «a la carta», a las eléctricas y los bancos, porque «plantea problemas legales» y genera «inseguridad jurídica».

En el último boletín de seguimiento de la situación económica y la respuesta a la crisis en Ucrania publicado este martes por Fedea, la fundación hace referencia a los dos nuevos impuestos anunciados por el Gobierno para recaudar 7.000 millones de euros conjuntamente entre 2023 y 2024.

Al respecto, Fedea señala que impuestos a sectores o empresas específicos «no suele ser una buena idea porque plantea problemas legales y de equidad e introduce un elemento de inseguridad jurídica que no contribuye precisamente al fomento de la actividad económica».

Fedea explica que, según aumentan los beneficios, las empresas han de pagar más impuestos pero, al menos en principio, dos empresas con beneficios similares deberían pagar impuestos parecidos, pertenezcan o no al mismo sector. «En caso contrario, estaríamos introduciendo diferencias de trato arbitrarias» entre sectores y entre sus grupos de interés (accionistas, consumidores y trabajadores) «sobre los que recaerá en última instancia la carga efectiva del tributo».

Fedea justifica estos impuestos en circunstancias «muy tasadas» y considera que de hacerse, «las razones deberán ser sólidas y explicarse muy bien para evitar una apariencia de arbitrariedad que tendería a espantar a empresarios e inversores» ante el temor a que sus futuros beneficios puedan ser también «minorados» arbitrariamente a capricho del Gobierno de turno».

Para el caso de las entidades financieras, Fedea no ve justificación al impuesto por unos «beneficios extraordinarios» porque el sector tiene «estrechos márgenes» y una rentabilidad «reducida e incluso inferior a su coste de capital».

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En el caso de las empresas energéticas, matiza que «sí podría hablarse con cierta propiedad» de ‘beneficios caídos del cielo’, especialmente en el caso de los generadores eléctricos que no utilizan combustibles fósiles, cuyos costes no han subido mientras sus precios de venta en el mercado ‘spot’ han llegado a multiplicarse por seis. «Ante un ‘shock’ tan brutal, hay seguramente margen para actuaciones temporales y modulables» como el tope al gas, opina Fedea.

No obstante, avisa de que el diseño de los posibles mecanismos «ha de hacerse con cuidado por varios motivos», teniendo en cuenta si los presuntos ‘beneficios caídos del cielo’ pueden no haberse materializado, o haberse trasladado a otros sectores, o si es necesario el impuesto una vez que ya hay en marcha mecanismos como el tope al gas.

La fundación también llama la atención sobre que la minoración de beneficios reduce los incentivos de las empresas energéticas a invertir.

Fedea defiende que, en lugar de estos impuestos extraordinarios, se priorice un amplio pacto de rentas con los agentes sociales y la oposición, y «en la medida en que sean necesarios recursos adicionales, estos deberían provenir de medidas tributarias generales que no minen la seguridad jurídica y se centren preferentemente en la ampliación de las bases impositivas de los grandes impuestos».

Por otra parte, sugiere eliminar la bonificación general al precio de los carburantes y las rebajas de impuestos sobre la electricidad aprobadas por el Gobierno con motivo de la guerra en Ucrania y propone una reducción «transitoria» de los tipos del IRPF para los tramos inferiores de renta y la «reflactación» de la tarifa del impuesto con la inflación acumulada, para ayudar a los hogares más vulnerables.

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Sigue insistiendo en ayudas «selectivas para no desperdiciar recursos escasos en los que no los necesitan» y en que se dirijan preferentemente al mantenimiento de las rentas reales de los afectados.