MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, juzgó este martes «urgente» que se ponga en marcha la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero por los «problemas» de «reputación» de las entidades financieras y ante el «impacto» que tendrá en las familias la subida de los tipos de interés.
Así lo afirmó el secretario de Estado en su comparecencia en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados con motivo del proyecto de ley que crea esta Autoridad y que se encuentra tramitándose en la Cámara Baja.
García Andrés afirmó que e «urgente» que la Autoridad empiece a funcionar y lo justificó en los «problemas» de «reputación y percepción» que tienen las entidades financieras entre los clientes y que implican que «hay elementos de protección que tienen que mejorarse».
También apuntó que las subidas de los tipos de interés supondrán un «impacto» sobre las familias y «una necesidad de mayor atención» a que los servicios bancarios se desarrollen «en un entorno que asegure la máxima protección para los clientes». Insistió en que la Autoridad va a ser un instrumento «bueno para las entidades» porque reducirá costes de litigiosidad, de transacción y «va a ayudarles a tener una relación con los clientes mejor».
A esto sumó la «preocupación ciudadana» por una mayor inclusión financiera de las personas mayores y el ámbito rural.
El secretario de Estado indicó que, con datos de 2021, se registraron en los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros 1.119.000 reclamaciones, de las que 702.000 fueron desfavorables al cliente y 47.000 se tramitaron en los supervisores.
Indicó que, según la memoria económica del proyecto de ley, se ha estimado un coste del nuevo organismo de unos 23 millones de euros teniendo en cuenta que se presenten unas 100.000 reclamaciones, por encima de las 47.000 de 2021, al ampliarse el foco de al nueva Autoridad respecto a los servicios de los tres supervisores, y que esté constituida por unos 250 trabajadores.
García Andrés destacó que la reclamación ante la Autoridad será gratuita para el ciudadano, la financiará el sector financiero con una tasa de 250 euros por reclamación, supondrá una vía «más rápida» de solución y las decisiones serán vinculantes para las entidades en el caso de reclamaciones de hasta 20.000 euros, que son la mayoría.
«Todo esto supone protección y un antídoto contra el exceso de litigiosidad», según García Andrés, porque se resolverían las reclamaciones «de una manera barata y sin tener que recurrir a largos procesos judiciales».
Resaltó que la Autoridad también amparará las reclamaciones de entidades no supervisadas pero que operan en España concediendo préstamos al consumo, servicios ‘fintech’, los relacionados con los criptoactivos o el derecho a tener acceso a una cuenta de pago básica, según ejemplificó.