– Dice que «mientras algunos piensan que son las élites económicas las que contribuyen al avance del país, otros pensamos que son la mayoría de los ciudadanos los que permiten avanzar»

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defendió este jueves, ante las críticas de las formaciones de derechas a los presupuestos que «reforzar los servicios públicos no puede ser nunca visto como un lastre para la economía o un despilfarro que la sociedad no se puede permitir».

Así se expresó Montero en la rueda de prensa de presentación del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados, donde señaló que la pandemia evidenció la importancia de reforzar el estado del bienestar.

«Tener unos servicios públicos fuertes y de calidad es básico para garantizar la igualdad de oportunidades», añadió Montero, quien señaló que el coste medio de una hospitalización supera los 5.000 euros, que la media de una intervención quirúrgica cuesta 7.500 euros y que un ingreso en UCI como los de la covid se eleva hasta los 20.000 euros.

De hecho, destacó que el incremento de la a aportación a los servicios públicos en los PGE de 2023 supone para un hogar medio con dos adultos y dos niños un aumento de rentas de 11.000 euros, sin incluir las pensiones, lo que equivale a un 21%.

Por otro lado, valoró que estos PGE «dan estabilidad y seguridad en un contexto internacional de incertidumbre y de volatilidad y ese es el principal antídoto contra las tensiones económicas que está generando la guerra». En esta línea, apuntó que tratan de evitar que se incrementen «la pobreza, la desigualdad y la desesperanza, el caldo de cultivo del populismo».

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También afirmó que «son un potente mensaje de estabilidad cara al exterior y el mejor aval del dinamismo de la economía y de que el país cumplirá con sus compromisos de consolidación fiscal y del plan de recuperación».

«El gran objetivo es avanzar en justicia social y en eficiencia económica», prosiguió Montero, quien indicó que «se trata de proteger a la clase media y trabajadora del país, a los colectivos más vulnerables y al tejido productivo».

Por ello, aseguró que «tenemos claro que hay que perseguir un reparto justo de las consecuencias de esta guerra por lo que quienes tienen más capacidad económica, tienen que tener un plus de responsabilidad ante el resto de los ciudadanos».

«La justicia fiscal es la base de la justicia social, la cohesión y la vertebración de la sociedad», sentenció la ministra, quien concluyó que «mientras algunos piensan que son las élites económicas las que contribuyen al avance del país, otros pensamos que son la mayoría de los ciudadanos los que permiten avanzar».