MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El Gobierno y las patronales de banca AEB, CECA y Unacc han acordado garantizar el acceso presencial a los servicios financieros en los municipios de más de 500 habitantes donde no existe en el plazo de seis meses, ampliables a otros seis, mediante oficinas, cajeros, ofibuses y agentes, y en última instancia, con un cajero generalista.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, detalló este viernes en rueda de prensa el acuerdo con la banca tras la reunión mantenida con los máximos responsables de las patronales en la sede del Ministerio y con el que se pretende alcanzar a 660.000 personas que residen en 3.230 municipios en los que no hay servicios financieros presenciales.

En virtud del acuerdo, según especificó Calviño, se da un plazo de seis meses a las entidades para que en los municipios de más de 500 habitantes que no tienen acceso físico a servicios financieros establezcan al menos un punto que pueden ser oficinas, cajeros, ofibuses o agentes de banca. «Las entidades van a poder competir entre sí en la prestación de estos servicios», afirmó Calviño. Se trata de 243 municipios en los que habitan 211.000 personas, el 0,45% de la población.

Para cumplir con este objetivo, las entidades se podrán apoyar en la colaboración pública a través de la cesión de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas oportunas.

Si transcurridos esos seis meses no está cubierta la citada población, el sector se compromete a instalar un cajero generalista, «de marca blanca», gestionado por un operador específico, con las funcionalidades necesarias para la prestación de servicios bancarios básicos y que permita la retirada de efectivo. Esta iniciativa se completará con el desarrollo de acciones formativas dirigidas a facilitar el uso del nuevo servicio.

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Para aquellos municipios de menos de 500 habitantes sin punto de acceso a servicios financieros, un total de 2.987 municipios en los que viven en torno a 446.000 personas, el 0,99% de la población, se garantiza la provisión de servicios bancarios básicos, incluyendo el acceso al efectivo.

En esos casos, se podrá dar el servicio a través de carteros rurales o a través de modalidades de retirada de efectivo en comercios o ayuntamientos mediante la suscripción de acuerdos y bajo las modalidades establecidas para los municipios de más de 500 habitantes.

El acuerdo alcanzado hoy, que se plasma en una actualización del protocolo para reforzar el compromiso social de la banca firmado en julio de 2021, recoge también compromisos en relación con aquellos municipios que cuenten con un único punto de acceso físico a servicios bancarios, con el fin de mantener la provisión de este servicio. Si las entidades planean cerrar ese punto único, deberán comunicarlo a los clientes con una antelación mínima de cuatro meses.

Todas estas iniciativas serán complementadas con los servicios de banca electrónica y telefónica desarrollados por las entidades financieras.

Se encargará a un experto independiente el seguimiento continuado de las medidas que se vayan implementando.