MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea (Epsco) aprobó este lunes una Recomendación para desarrollar la economía social en toda la Unión Europea, así como unas Conclusiones sobre salud mental y precariedad laboral, el primer documento de estas características que recibe el visto bueno de los veintisiete Estados miembros.
Ambos textos contaron con España como uno de los países impulsores y, además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, había situado estos dos asuntos entre las prioridades de la presidencia española de la UE en este segundo semestre de 2023.
Los ministros de Empleo intentan hacer así avanzar la economía social en Europa, donde más de 2,8 millones de empresas y entidades se enmarcan en este modelo productivo empleando a más de 13,6 millones de personas, pero de forma desigual en los diferentes países.
«Con esta Recomendación que hoy acordamos, la economía social da un importante paso para convertirse en un nuevo pilar de la Europa social», aseguró la vicepresidenta Díaz ante sus homólogos europeos, donde destacó el componente democrático de estas empresas.
Con esta Recomendación se aboga por que los países miembros de la UE promuevan las cooperativas, mutualidades, centros especiales de empleo, sociedades laborales o fundaciones, entre otros. Se trata de empresas o entidades que garantizan la creación de empleo de calidad, alientan la economía local y tienen una repercusión positiva en la cohesión social y territorial.
El texto aprobado en la Epsco recoge una definición de la economía social como un «universo de entidades privadas autónomas que operan primando las personas y el propósito social sobre el lucro». Además, reinvierten la totalidad o la mayor parte de sus ganancias y excedentes en fines sociales y/o ambientales o en actividades de interés para los usuarios o en la sociedad.
Esta Recomendación es la primera norma de la UE centrada específicamente en la economía social, una de las tres prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE junto al diálogo social y el trabajo decente, y propone diseñar políticas laborales y de empleo que apoyen este tipo de empresas o entidades; mejorar su financiación pública y privada, así como reconocer el papel que la economía social juega en la inclusión con, por ejemplo, la prestación de servicios sociales y asistenciales, en especial a grupos desfavorecidos.
«Las entidades de la economía social abordan algunos de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, en particular la integración laboral y social y la cohesión social. Sin embargo, podemos hacer mucho para apoyar el desarrollo de la economía social en nuestros Estados miembros y en toda la UE. Tenemos que aprovechar el enorme potencial de la Economía social para mejorar nuestras respuestas a los retos sociales y medioambientales a los que todos nos enfrentamos y garantizar que nadie se quede atrás», defendió Díaz en Luxemburgo.
SALUD MENTAL
Por otra parte, el Epsco dio luz verde también a las primeras Conclusiones en que relacionan la salud mental y el trabajo pero poniendo el acento en la precariedad laboral. «Es una temática que hemos trabajado ya en España con una comisión de expertos y que ahora llevamos a Europa», indicó Díaz, quien añadió: «De ningún modo podemos permitir que el mercado laboral sea fuente de malestar psicológico. El trabajo decente y con derechos que defendemos es la antítesis de la precariedad laboral».
En 2022 un 27% de las personas trabajadoras en la Unión Europea sufrieron de estrés, depresión y ansiedad. Por ello, entre las propuestas a los Estados miembros que recogen estas Conclusiones se insta a los países a promover políticas de empleo de calidad que combata la precariedad laboral; a apoyar la investigación sobre salud mental en el trabajo con un enfoque preventivo; y a impulsar sistemas de vigilancia de la salud mental en las empresas. También se insta a apoyar a los autónomos y a las pymes en la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo.
«Con estas conclusiones mandamos un mensaje muy claro desde el Consejo Epsco: que la salud mental, que no es sino tener vidas vivibles, deber de ser un derecho de todas las personas trabajadoras en Europa, no el privilegio de unos pocos», aseveró Díaz.
En otro orden de cosas, Díaz planteó a sus colegas el impacto de las nuevas tecnologías en las personas trabajadoras y las posibilidades de una transición digital con derechos. Así, ante el «desafío» que supone el sesgo algorítmico y la incursión de la inteligencia artificial en el conjunto de la actividad laboral, la vicepresidenta pidió definir bien los límites de esta forma de proceder.
Asimismo, la vicepresidenta Díaz consultó a sus colegas sobre proyectos, leyes e iniciativas a nivel europeo para explorar la reducción de la jornada de trabajo, un debate que está relacionado con el trabajo decente, la seguridad y la salud en el trabajo, con la brecha de género o la productividad en las empresas.