MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Interior y el de Economía firmaron este viernes un acuerdo para reforzar la ciberseguridad, que incluye medidas para proteger sistemas de información o infraestructuras críticas.
Según informó Interior, el acuerdo fue ratificado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.
Ambos departamentos se comprometen así a trabajar de manera conjunta para hacer frente a las nuevas amenazas procedentes del ciberespacio, que en los últimos años se han intensificado en número, agresividad y frecuencia.
La colaboración entre los ministerios se canalizará a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
10.000 CIBERATAQUES EN UN AÑO
Interior destacó que durante 2021 neutralizó más de 10.000 ciberataques de diferente intensidad sobre servicios esenciales. Además, los ciberdelitos han ido ganando peso en los últimos años sobre del total de ilícitos penales cometidos en España, especialmente los delitos de estafas por internet.
En concreto, las estafas informáticas aumentaron un 60,5% entre 2020 y 2021, y suponen ya 13,94% del total de los delitos cometidos en el último año.
El acuerdo firmado este viernes marca unas líneas de actuación, entre las que se encuentran la protección de las infraestructuras críticas y de los servicios esenciales frente a los incidentes de seguridad. También se contempla el diseño de sistemas de detección y alerta temprana ante amenazas y ataques a los que están expuestos esas infraestructuras, así como los operadores que las gestionan.
Además, se pondrán en marcha proyectos para prevenir y anticiparse a esas ciberamenazas. Igualmente, el acuerdo plantea la necesidad de iniciar acciones informativas y de concienciación dirigidas a la sociedad, tanto a empresas como a ciudadanos. Se prestará especial atención a entornos vulnerables como el de los menores (familia, tutores, educadores o profesionales de la salud) y el de las personas mayores.