Solo hace falta echar la vista atrás unos cuantos años. Cuando la vivienda era uno de los sectores de mayor bonanza económica y también laboral. Bastaba que se pusiera el cartel de nueva promoción en las ciudades para que los que buscaban una inversión para rentabilizar en algo sus ahorros comenzaran a pedir información sobre los precios y, con ellos, los que buscaban cambiar de vivienda o dar el salto por primera vez a ser propietarios.
Daba igual la provincia, no importaba que fuera Madrid, Barcelona, Cáceres o Burgos. Las promociones se vendían en su práctica totalidad sobre plano. Y eso hacía que encima, los nuevos propietarios, tuvieran que esperar antes de firmar las escrituras.
Una práctica habitual era que las propias promotoras tuvieran preacuerdos con entidades bancarias para tramitar, si el cliente así lo quería las hipotecas. De esta forma, muchas hipotecas se dieron sin apenas pedir documentación, aunque las menos, ya que la vinculación entre banco y promotora era sólida y no querían perder ventas ni darse problemas mútuamente en la transacción.
También de esta época de euforia del sector inmobiliario se firman las que hoy se han conocido como cláusula suelo. Cuando se firmaban, nadie pensó que algún día habría que pelearlas ya que los diferenciales y la economía de toda la zona euro estaban, fuera de toda duda, en época de bonanza.
El problema vino cuando, sabiéndose abusivas, comenzó el declive no sólo del sector sino de las economías familiares, que vieron cómo esta claúsula se convertía en una losa que podía poner en peligro incluso la estabilidad de las cuentas familiares. Eso hizo que, en un primer momento, muchos fueran los que buscaron en las provincias a abogados que les orientaran sobre cómo proceder. Daba igual que la vivienda estuviera en Madrid o en cualquier otra provincia, se buscaron abogados en Cáceres, en Coruña y en todas las provincias donde las hipotecas llevaban incluidas este tipo de punto dentro.
Mientras se comenzaron a poner las primeras denuncias, en grupo o bien individuales, pocos apostaban por que finalmente se consiguiera nada ya que siempre se había acostumbrado a pensar que todo lo que un notario validaba estaba dentro de la legalidad vigente. Y así era en España ante la falta de norma contraria. Hasta que comenzaron a llegar las sentencias europeas que ponían de manifiesto que este tipo de medidas eran abusivas y, por tanto, no eran legales ya que perjudicaban claramente a los firmantes.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fechada el 21 de diciembre de 2016, no dejaba dudas al respecto. Los abogados expertos en cláusulas suelo podían comenzar, de una forma más eficaz, a reclamar la devolución de las cantidades adeudadas con motivo de la misma directriz tal como abrieron camino años anteriores otros tribunales. La reclamación, presentada en tiempo y forma correcto, ha asegurado para los afectados una sentencia favorable y han visto cómo las cantidades que han tenido que pagar de más por culpa de esas líneas abusivas, se les van devolviendo por parte de las entidades bancarias.