– Los principales objetivos del gabinete de Alberto Garzón son «reforzar» la «protección» ante la posible adicción al juego y la seguridad alimentaria

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Consumo contará en 2023 con un presupuesto de 63,69 millones de euros, cifra que representa un incremento de un 11,38% respecto a las cuentas del presente ejercicio, esto es 6,5 millones de euros más que en 2022, cuando el crédito alcanzó los 57,18 millones y subió un 20,36% respecto al del año anterior.

Así consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2023, presentado este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, según precisó este viernes el departamento de Alberto Garzón en un comunicado en el que añadió que estas dotaciones se ven incrementadas en 5,75 millones de euros con los fondos asignados a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que el montante total asciende a 69,44 millones de euros.

Consumo puntualizó que los «principales» programas de este Ministerio para el próximo ejercicio están relacionados con la seguridad alimentaria y nutrición (30%), la protección y promoción de los derechos de los consumidores (27%) y la regulación del juego (19%).

En concreto, explicó que la principal partida de gasto del Ministerio de Consumo en el próximo ejercicio será la relacionada con la financiación de proyectos de investigación para la prevención de los posibles «trastornos» provocados por la actividad del juego, teniendo en cuenta que las actuaciones de investigación y prevención de los trastornos del juego y sus posibles efectos pasan de 1,1 a 2,22 millones de euros, lo que supone un incremento del 102%.

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A este respecto, Consumo subrayó que el «fuerte» crecimiento que experimentó el programa de la regulación del juego en el ejercicio 2022, con un 66,08% más que en 2021, se «consolida» de cara al próximo año con un incremento del 9,45%. Las principales partidas «beneficiadas» con este aumento son, precisamente, las destinadas a «evitar» posibles conductas «problemáticas y fraudulentas», aumentar el conocimiento científico y «detectar» posibles «comportamientos de riesgo» sobre los juegos de azar.

Junto a esta partida, también destaca la destinada a «reforzar» la actividad de los laboratorios de vigilancia de productos de consumo y alimentarios, «especialmente», en lo relacionado con seguridad alimentaria y nutrición.

Entre los capítulos que también aumentan «de forma relevante», según Consumo, destacan el dedicado a sufragar los gastos relacionados con la organización y coordinación de las actividades vinculadas a la próxima presidencia rotatoria de España del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar en el segundo semestre de 2023.

En paralelo, también se incrementa el destinado a «asegurar» la prestación profesional de los servicios esenciales de los laboratorios de vigilancia y control de la calidad de bienes de consumo alimentarios y no alimentarios.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Los programas iniciados en 2022 para el fomento de las políticas de protección de los consumidores y usuarios se mantienen en 2023, de manera que, según el gabinete de Garzón, se podrán seguir «desarrollando» tanto el Sistema Arbitral de Consumo como el Observatorio de Internet para la vigilancia del mercado ‘online’.

Además, se iniciarán otros proyectos gracias a las nuevas competencias asumidas por Consumo en materia de inspección y procedimiento sancionador cuando exista una infracción que produzca «lesiones o riesgos» para los intereses de los consumidores de forma «generalizada» a nivel estatal o ante «fraudes» transfronterizos.

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Finalmente, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) «reforzará» sus inversiones con 2,53 millones de euros provenientes del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuyo objetivo es digitalizar los sistemas de información de seguimiento alimentario y «actualizar» el equipamiento de su laboratorio y del Centro Nacional de Alimentación.