Un equipo independiente de investigación ha detectado posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de un convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y la empresa Antiqvvm Edicions S.L., sociedad en la que figura como apoderado Josep Estañol Cornella, ex notario andorrano cesado en 2020 por el gobierno de Andorra según consta en fuentes periodísticas de ese país. Supuestamente Estañol estaría relacionado con diversos conflictos societarios de carácter legal actualmente en curso.
Según la información recabada, este convenio —de especial relevancia por su dimensión cultural— habría sido tramitado en condiciones que podrían vulnerar los principios de transparencia y concurrencia competitiva. La empresa Antiqvvm Edicions SL habría resultado adjudicataria en un contexto donde no se habrían garantizado las condiciones de apertura y equidad exigibles en estos procedimientos, existiendo posibles situaciones de incompatibilidad no resueltas como deudas impagadas de sentencias firmes en España de la sociedad adjudicataria..
Expertos consultados advierten que, de confirmarse los hechos, podría tratarse de un caso de trato de favor que comprometería la imagen institucional y la adecuada gestión de fondos públicos. Especial preocupación genera la aparente continuidad del proceso a pesar de los vínculos conocidos entre la empresa adjudicataria y Estañol, figura central en las controversias legales que rodean el entorno societario implicado.
Ante esta situación, se han iniciado acciones legales con el objetivo de solicitar la revisión y, en su caso, la nulidad del convenio, en defensa del interés público y de los principios de legalidad, igualdad de oportunidades y transparencia administrativa.
Los informes que documentan estas anomalías ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades judiciales, con la expectativa de que se investiguen los hechos, se esclarezcan responsabilidades y se refuercen los mecanismos de control en futuras adjudicaciones.
Este caso podría convertirse en un precedente importante para garantizar que las iniciativas culturales financiadas con recursos públicos se ajusten a los más altos estándares de integridad y legalidad.