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MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Lázaro González, consideró que los pensionistas «no deben perder poder adquisitivo», refrendando la idoneidad de que las pensiones se revaloricen con el IPC, y deslizó la conveniencia de que suban «si nuestro país prospera económicamente».

Así lo señaló en una entrevista concedida a Servimedia en la que reconoció que el de las pensiones es «un tema complejo» sobre el que la PMP tiene «los elementos claros», un aserto que le permitió refrendar que los pensionistas «no deben perder poder adquisitivo». A su juicio, «si sube el IPC, tienen que subir las pensiones porque si no los pensionistas se empobrecen y la mayoría de las pensiones son bajas».

Lázaro González sugirió la conveniencia de «acompasar las pensiones al desarrollo económico», por lo que «si nuestro país prospera económicamente, hay que intentar que las pensiones suban en ese sentido».

El presidente de la PMP consideró que «hay frases un poco mentirosas», como la que afirma que «estas pensiones no va a haber quien las pague», un aforismo ante el que se rebeló al refrendar que «sí se pueden pagar porque en países de la Unión Europea emplean un porcentaje mayor del PIB que nosotros».

Esto le sirvió para recordar que las pensiones forman parte de un «sistema intergeneracional de solidaridad, cuando somos jóvenes vamos trabajando, cotizando, y formamos nuestra hucha, y cuando llegamos a mayores se nos retribuye en forma de pensiones».

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Lázaro González señaló que las pensiones constituyen un «asunto complejo» que hay que «mejorar», puesto que se fundamentan en un «empleos precarios y cotizaciones modestas».

Por ello, aprovechando el debate en torno a los problemas que en el futuro habría para pagar las pensiones, dejó claro que la solución pasa por que «haya mejores cotizaciones, mejores empleos y cuando no llegue, recurrir a una solidaridad fiscal que permita subir un poco el gasto en pro de las personas más vulnerables».

EN PUNTO MUERTO

Las declaraciones del nuevo presidente de la PMP se producen en un contexto en el que, según denunció esta misma semana UGT, las negociaciones sobre la segunda fase de la reforma de pensiones entre Gobierno, sindicatos y patronal están «en punto muerto», dado que desde el pasado diciembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no mantiene encuentros formales con la mesa del diálogo social.

Precisamente, en la última reunión, Seguridad Social defendió el destope de las bases máximas de cotización y ampliar el período de cálculo de la pensión, pasando de 25 a 30 años, pero eliminando los dos peores ejercicios de la carrera profesional.

Es este último el punto que más critican los sindicatos ya que, a su juicio, no es necesario ampliar el período de cómputo. En cambio, fuentes de la CEOE ponen el acento en alertar de las consecuencias de elevar las cotizaciones, debido al aumento de los costes laborales que ello acarrearía para las empresas.

El Gobierno también puso sobre la mesa del diálogo social nuevas propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones. Entre ellas, el refuerzo de la cobertura de lagunas, elevando hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo.

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El departamento dirigido por José Luis Escrivá también planteó mejoras en la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. Además, propuso elevar un crecimiento adicional del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025, adicionalmente a la revalorización anual.

El ministro dijo a comienzos de febrero que espera que la reforma culmine en las próximas semanas, si bien reconoció la complejidad de las conversaciones. Ello se debe a que no se están produciendo negociaciones estancas, como otras veces, que se negociaba primero con los agentes sociales y luego con los partidos políticos, sino que se están llevando a cabo de forma simultánea.

El plazo comprometido con Bruselas concluyó el pasado 31 de diciembre, aunque desde el Gobierno restan gravedad a este asunto, alegando que también se produjo un retraso de semanas el pasado verano con la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos, con el fin de que sus cuotas se adecuaran a los ingresos reales.