-La asociación denuncia la «inacción» de las autoridades de consumo ante las «irregularidades» de «muchas» empresas
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El sector de la compra y reparación de vehículos concentró la mayor parte de las denuncias que los consumidores españoles realizaron en Facua-Consumidores en Acción durante el año 2022, seguido por el de los suministros de energía y el de la banca.
Así lo desvela el informe de la organización ‘¿Qué denuncian los consumidores?’, cuyos principales resultados presentó este martes su secretario general, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que también dio a conocer los motivos de las 53.448 consultas y reclamaciones que la entidad recibió a lo largo del último ejercicio.
En concreto, el sector de la compra y reparación de vehículos concentró el 23% de las reclamaciones abiertas durante el último año, desplazando a la tercera posición a la banca, que en 2021 ocupó este primer puesto y Sánchez atribuyó este hecho a la campaña puesta en marcha por la asociación para ayudar a los consumidores a reclamar «miles de euros cobrados de más» al comprar sus vehículos entre los años 2006 y 2013 como «consecuencia» de la actividad del «cártel» de más de una veintena de fabricantes que sancionó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El segundo puesto lo ocupó la energía, que, según el secretario general de Facua, «pasó de estar fuera de las cinco primeras posiciones» en 2020 a «escalar» hasta la cuarta en 2021 y ocupar la segunda en 2022, con el 15,2% del total. En este punto, subrayó que las compañías comercializadoras o distribuidoras de luz y gas «provocaron multitud de denuncias» por la existencia de «irregularidades» en los recibos, subidas tarifarias «contrarias a la legislación» y la «no entrega de facturas durante meses», entre otros motivos, unidos al «constante» aumento del precio de la electricidad durante el año pasado y los «problemas» a la hora de cambiar a las tarifas semirreguladas de luz y reguladas de gas.
Por su parte, en el tercer lugar, la banca aglutinó el 13,3% de los casos abiertos el año pasado debido a la «negativa» de las entidades financieras a devolver gastos de formalización de hipotecas «cobrados ilegalmente», la aplicación de intereses usureros en préstamos, «fundamentalmente» a través de tarjetas revolving, o el cobro «irregular» de comisiones. Junto a ello, Sánchez hizo hincapié en el incremento de las denuncias ante las «dificultades» para que los bancos devuelvan cargos «fraudulentos» en tarjetas y cuentas corrientes, «fundamentalmente» como consecuencia del robo de datos por parte de terceros.
El cuarto puesto lo «protagonizaron» las telecomunicaciones, con el 10,7% de las reclamaciones, a causa, principalmente, de «incumplimientos» de ofertas y «engaños» para que los consumidores se dieran de alta, además de las subidas «fraudulentas» de tarifas, el cobro de servicios «no solicitados» y los «abusos» de las telecos cuando los usuarios «intentan darse de baja» y que, según la organización, «van desde continuar cargándole los recibos hasta la aplicación de penalizaciones de forma ilegal».
Por último, en quinta posición se encontró el transporte, con el 7,1% de las denuncias de los consumidores y, en este caso, la «inmensa mayoría» de reclamaciones se produjo contra aerolíneas por no abonar a los pasajeros las compensaciones que marca la legislación europea ante cancelaciones y grandes retrasos.
En paralelo, Sánchez puntualizó que los equipos jurídicos de Facua abrieron el pasado ejercicio un total de 11.522 expedientes de reclamación en representación de sus asociados y que la entidad recibió un total de 41.926 consultas, principalmente en los sectores de la energía (17,8%), los vehículos (13,7%), la banca (12,4%), las telecomunicaciones (8,6%) y los seguros (5,9%).
INACCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
En este contexto, su secretario general criticó la «inacción» por parte del Ministerio de Consumo y las autoridades de protección al consumidor autonómicas ante los «fraudes masivos» y denunció que no existe una «acción rotunda» por su parte para «intentar frenar» las «graves irregularidades» que, según su criterio, «muchas grandes empresas están cometiendo, obteniendo ilícitamente beneficios, en ocasiones multimillonarios, con sus prácticas abusivas y contrarias a la legislación de protección al consumidor».
En este punto, defendió que la «ausencia» de multas y la «absolutamente ridícula» cuantía de las «pocas que se aplican» no representan «un acicate» para que las grandes empresas «dejen de cometer irregularidades con los consumidores» y, por lo que se refiere al Ministerio de Consumo, mostró su «preocupación» ante «la inexistencia de un solo anuncio de apertura de expedientes sancionadores» desde mayo de 2022, cuando el departamento de Alberto Garzón asumió también competencias sancionadoras en este ámbito.
A este respecto, criticó que el ministerio «sigue sin dar respuesta» a las denuncias que interpone la asociación contra empresas que, a su entender, «vulneran» la legislación de defensa de los consumidores y cuya cifra supera ya las 200 desde el inicio de la legislatura.