Lecciones tras una cadena de errores

La decisión del Gobierno de Madrid de abandonar el proceso de privatizar la gestión de seis hospitales públicos ha generado no solo sorpresa en la opinión pública, sino una más que razonable consternación en las empresas adjudicatarias. La medida, que fue anunciada el lunes por el presidente regional, Ignacio González, y ha ido acompañada de la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, se atribuye a la incertidumbre generada por la cascada de resoluciones judiciales que han interferido con el proceso. La última de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza el recurso presentado por el Gobierno de Madrid contra la suspensión cautelar del proceso de privatización que el tribunal decretó el pasado mes de septiembre, a la espera de juzgar el fondo del asunto.

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