Fomento ultima una empresa pública para las autopistas en quiebra

Fomento ultima la creación de una empresa pública con las nueve autopistas en suspensión de pagos. Sus acreedores, bancos y constructoras, tendrán que asumir que no cobrarán todo lo que les deben. La última autopista en entrar en concurso de acreedores ha sido la M12: 9 kilómetros y medio de pago que unen Madrid con el aeropuerto de Barajas. Es una de las nueve carreteras de peaje en riesgo de quiebra. La mayoría son radiales de Madrid. Entre todas acumulan una deuda de 4.000 millones de euros. Después de darle vueltas durante meses, el Gobierno se inclinaría por crear una empresa pública. El Estado no haría frente a toda la deuda aplicaría quitas del 50% que asumirían los bancos y las constructoras acreedoras. El Estado les pagaría 2.300 millones de euros, pero no con dinero contante y sonante, sino con bonos. Bonos con una pequeña rentabilidad, a 30 años y que podrán venderse. El Estado pagará también los 1.200 millones que se deben por las expropiaciones, obligado por el Tribunal Supremo. El alto precio de las tierras, el sobrecoste de las infraestructuras, un tráfico escaso y las pérdidas han llevado a la ruina a estas nueve carreteras de peaje que nacieron al calor de la bonanza económica y bajo unas previsiones exageradas. Rescatarlas, integrándolas en una sociedad pública, costaría al Estado 3.500 millones de euros frente a los 5.000 que supondría liquidarlas, la otra opción que maneja el Gobierno.

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